El Fiscal Federal Ramiro González lleva cuatro décadas de experiencia en el Poder Judicial. Originario de Bahía Blanca, donde comenzó trabajando en el ámbito contravencional local como notificador de multas de tránsito, se trasladó a Buenos Aires a los 22 años para estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Su carrera en el Poder Judicial comenzó tempranamente, cuando fue designado meritorio ad honorem en el Poder Judicial. Esta primera experiencia, que él considera “su escuela“, le dio la oportunidad de aprender de manera intensiva y así, luego de recorrer todos los cargos del escalafón, llegó a ser nombrado Prosecretario administrativo en sólo tres años. Ya se destacaba entonces por su aptitud y dominio del proceso penal.
En la Secretaría Electoral de la Capital Federal, se desempeñó primero como Prosecretario y luego como Secretario Electoral. Allí desarrolló una valiosa experiencia en la Secretaría Electoral como estrecho colaborador de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Otra clave y suceso de su carrera, fue que su manera de desenvolverse allí le significó que la magistrada lo solicitara para actuar en una reconocida causa -el “caso Rohm”- de fuga de capitales durante la crisis de 2001, cuando en medio de la tensión nacional pudo colaborar para destrabar el complejo panorama de delitos de aquel momento.
Su dedicación y compromiso con la carrera judicial lo llevaron a ser designado Fiscal Federal de Dolores en septiembre de 2004.
Su labor diaria transcurre aún hoy entre aquellos pasillos y oficinas, desde la titularidad de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), la Fiscalía Federal Nro. 7, y a cargo de la Fiscalía Nacional Electoral, en donde actualmente se fusionan la última tecnología con los archivos físicos para resolver casos complejos. Allí, los desafíos del Derecho se abordan mediante análisis, acciones y procedimientos meticulosos. Esos que tanto lo apasionan como profesional.
Aunque mantiene un bajo perfil, Ramiro González domina el equilibrio entre la firmeza de sus posturas, la aplicación de la ley y la fundamentación de las causas. Su objetivo principal en sus propias palabras es “defender las instituciones, todos los días, en el marco de la ley”. El fiscal sabe que sus decisiones impactan directamente en la confianza ciudadana, por lo cual actúa constantemente con rigurosidad y transparencia.