“Mi rol es asegurar la aplicación de la ley y, con ello, la previsibilidad del sistema“, afirma González. Sin dudas, la naturaleza de su función es indispensable y a la vez, debe llevarse a cabo con prudencia y sobre pasos firmes, enfocado siempre en la estabilidad democrática. Sus decisiones, tomadas “paso a paso, con fundamentos, en cada causa”, reflejan una personalidad y un temple forjados a lo largo de una extensa carrera.
Su actividad como fiscal federal, además de su función electoral, abarca un amplio abanico de casos de criminalidad organizada, alta complejidad y relevancia institucional y pública en materia penal federal.
Ramiro González describe su rol como el de un “armador”: “Sospecho de un delito y cuando hay presunción dirijo la investigación para llegar hasta el fondo. Se arma un expediente, se reúnen las pruebas. Es decir, es un trabajo constante de construcción. Estudiamos los posibles rumbos de un caso todo el tiempo, planteando distintas hipótesis, siempre basándonos en lo que debe ser nuestro motor: el cuidado y los intereses de los ciudadanos”.
El fiscal de la Nación conoce la esencia fundamental de la independencia judicial y del Ministerio Público y la función de su rol como garantía de un proceso justo, incluso cuando esto implica enfrentar presiones o la atención mediática sobre “causas sensibles”.
A su vez, subraya la importancia de “estar al día con las nuevas formas de delincuencia”, adaptando constantemente las herramientas y estrategias de investigación para combatir fenómenos como el narcotráfico y la ciberdelincuencia.
En el ámbito de la narcocriminalidad, Ramiro González investigó y llevó a juicio infinidad de casos, entre los cuales se destacan el de una organización transnacional que traficaba marihuana desde Paraguay, y en cuyos procedimientos se secuestraron 13 toneladas de esa droga.
Más recientemente, en una amplia investigación sobre tráfico de estupefacientes en el penal de Devoto, 49 personas fueron a juicio y otras continúan bajo investigación, incluyendo agentes del Servicio Penitenciario Federal con implicaciones en el delito. En esa oportunidad se secuestraron armas, chalecos antibalas, varios kilos de marihuana y más de 35 kilos de cocaína.
El fiscal González participó activamente en la persecución de casos de secuestros extorsivos, desbaratando organizaciones que operaban en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de causas en las que se logró la liberación de 6 personas secuestradas en 6 hechos distintos, incluyendo una mujer embarazada de 7 meses.
Además, intervino en el desmantelamiento de una organización familiar dedicada a la trata de menores, que captaba y trasladaba a sus víctimas desde distintos puntos del país para su explotación sexual en la Ciudad de Buenos Aires.
En otros ámbitos de criminalidad organizada, el fiscal González actuó en casos de lavado de dinero, como el que imputó a miembros de la CONMEBOL por fondos relacionados a corrupción por derechos de transmisión, y en una estafa multimillonaria a Mercado Libre.
También elevó a juicio una parte de las causas relacionadas con la “tragedia de Once”, imputando – entre otros- a uno de los dueños de la empresa concesionaria acusado de administración fraudulenta de subsidios públicos.
Desde 2006, además, se desempeña como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), con competencia en todo el territorio del país. Su trabajo se extiende así muy particularmente a la defensa de los Derechos Humanos en esa materia, donde como fiscal intervino o inició causas que llegaron a condenas significativas por distintos casos de contaminación ambiental.
En ese ámbito, se destacan la condena a los responsables de un basural a cielo abierto en la Ruta 9, “La Quema”, por generación de gases tóxicos y líquidos contaminantes que afectaban el suelo y las aguas subterráneas hasta el río Paraná de las Palmas.
Asimismo, logró la condena por el vertido de residuos líquidos de un establecimiento de Marcos Paz que desembocaban en el arroyo “El Pantanoso”, afluente de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Su intervención también trascendió a nivel nacional con la condena en Entre Ríos de un socio gerente por el derrame de efluentes líquidos durante varios años, caso confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Además, en el ámbito de la justicia federal de San Martín y con la intervención de la Unidad Fiscal de Medio Ambiente desde el inicio del expediente, se logró una condena por contrabando agravado respecto de dos personas -una de ellas despachante de aduana- que habían presentado documentos adulterados con el objetivo de intentar el contrabando de más de cincuenta toneladas de residuos peligrosos a la República Popular China: 50,37 toneladas de sulfato de plomo de 88,9 %, zinc de 86,6 % y óxido de zinc.
Los condenados habían intentado sortear la normativa nacional e internacional -la ley 24051 y sus anexos y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación-, lo que generó un grave peligro de causar daño al medio ambiente y resultar perjudicial para la salud. Un ejemplo más de cómo actuar protegiendo los intereses de la mayoría de las personas que habitan el territorio.
En este mismo ámbito de defensa de Derechos Humanos en general, desestimó acusaciones interpuestas por funcionarios públicos contra periodistas, al considerar a la libertad de expresión como derecho constitutivo del sistema democrático.
En esta línea de promoción y defensa de los Derechos Humanos, también impulsó el juzgamiento en Argentina de crímenes cometidos por el “franquismo” y casos de apropiación de menores durante la última dictadura militar.
En 2012, asumió como titular de la Fiscalía Federal N° 7 de Capital Federal. Además, desde hace casi cinco años, es el fiscal interino de la Fiscalía Federal N° 1, la cual, además de asuntos penales, posee competencia electoral en primera y segunda instancia ante la Cámara Nacional Electoral. En este ámbito electoral, destaca su vasta experiencia y el aprendizaje continuo, remarcando la complejidad y evolución constante del derecho electoral, que abarca cuestiones constitucionales, internas de los partidos y, cada vez más, aspectos de derecho electoral penal.
Experto en la discreción y la rigurosidad al abordar causas complicadas, podemos mencionar que, sin emitir opinión pública sobre el tema pese a la insistencia de los medios, imputó al ex Presidente Alberto Fernández por violencia psicológica, económica y física contra Fabiola Yáñez, lo que derivó en su procesamiento por coacciones y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y violencia de género.
“La perspectiva de género es transversal para la interpretación de los hechos y la aplicación del derecho. No es una temática que desconocemos. Hay casos en donde tenemos que pensar con esa perspectiva cuestiones de ejecución de la pena, por ejemplo. Este tema está presente constantemente en expedientes de trata de personas, sobre todo en casos de mujeres en situación de prostitución que son víctimas de la explotación sexual, también laboral. Al igual que en causas de drogas, en donde existen condiciones de vulnerabilidad con respecto a las mujeres que son usadas como mulas por los traficantes. Estos expedientes son buenos desarrollos de cómo abordar su situación penal con perspectiva de género. Después hay otros ejemplos, más clásicos, que quedan en el fuero por el lugar o por las personas, como las agresiones sexuales en contextos de encierro que involucran al Servicio Penitenciario Federal, por poner un caso. Dentro del fuero hay mucha preparación para abordar estas temáticas”
La trayectoria de Ramiro González revela así un compromiso inquebrantable con la ley, además de una inequívoca vocación por la defensa de los derechos colectivos. Su figura encarna la discreción y la tenacidad necesarias para un rol que, en la compleja trama judicial inmersa en el paño de las tensiones políticas y sociales nacionales, sea un pilar esencial para la democracia y la previsibilidad del sistema.